“El compromiso de trabajar en forma permanente contra el olvido”
En Argentina, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, el poder político estuvo en manos de militares y civiles que tomaron el gobierno tras derrocar a un gobierno democrático. Siete años en el poder dejaron consecuencias en la sociedad, la economía y la cultura. En los 2.818 días que duró este proceso oscuro hubo cuatro (4) presidentes, se disolvió el Congreso, se prohibieron los sindicatos y se cercenó la actividad de los partidos políticos; se abrieron 340 centros de detención clandestinos, se secuestró, torturó y desapareció a 30.000 personas. El 97 %, menores de 35 años. El 77 %, menores de 25 años. El 30,2 % de los y las desaparecidos/as fueron obreros y 53,3 % fueron estudiantes, empleados/as, profesionales y docentes. Asimismo, 490 bebés nacieron en cautiverio durante la dictadura militar; solo 130 fueron recuperados
Se cerraron más de 20.000 fábricas. La inflación acumulada entre 1976 y 1983 fue de 1.680 %. La pobreza aumentó del 4,4 % al 37,4 %.
Se prohibieron más de 200 canciones, 600 libros y 330 películas. Se quemaron millones de libros. El promedio de lectura argentino cayó de tres (3) libros anuales, en 1.975, a menos de 1 libro leído por persona.
Se enviaron más de 10.000 hombres y mujeres a la Guerra de Malvinas. Murieron 649 soldados y se suicidaron cientos de veteranos, una vez finalizado.
El FMI aprobó un crédito Internacional de 110 millones de dólares el mismo día del Golpe. El primer Estado en reconocer al gobierno militar fue EE.UU. La deuda externa se multiplicó seis (6) veces. Se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas.
Nuestra provincia no estuvo ajena a lo vivido en el país: censura, cesantías, presos y presas políticos/as y 30 mujeres y hombres desaparecidas/os, entre los que se encuentran nuestros compañeros de la UNLaR Adán Roberto Díaz Romero y Cesar Antonio Minué.
En el año 2002, por Ley de la Nación N° 25.633, se establece el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En su artículo 2, la normativa indica: “En el seno del Consejo Federal de Cultura y Educación, el Ministerio de Educación de la Nación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones acordarán la inclusión en los respectivos calendarios escolares y académicos jornadas alusivas al Día Nacional instituido por el artículo anterior, que consoliden la memoria colectiva de la sociedad, generen sentimientos opuestos a todo tipo de autoritarismo y auspicien la defensa permanente del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos”.
En este sentido, la Universidad Nacional de La Rioja, luego de la histórica “Toma” y a lo largo de la gestión del rector Lic. Fabián Calderón, se ha comprometido -en pos de los valores de Memoria, Verdad y Justicia- apoyar institucionalmente distintas iniciativas, homenajes, y construcción de espacios alegóricos.
En concordancia con la política adoptada por esta Casa de Altos Estudios, se crea la Comisión Derechos Humanos y de la Educación -dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria-. Desde esta Comisión, en el marco de esta fecha, que ha calado tan hondo en nuestra sociedad, consideramos que la memoria nos ayuda a iluminar el presente y a generar el futuro en la vida de los pueblos. Es necesario que como integrantes de la sociedad, todos y todas, asumamos el compromiso de trabajar en forma permanente contra el olvido, así como también contra todas las formas de falsificación o negación de lo que nos ocurrió en el pasado.
En concordancia con la política adoptada por esta Casa de Altos Estudios, se crea la Comisión Derechos Humanos y de la Educación -dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria-. Desde esta Comisión, en el marco de esta fecha, que ha calado tan hondo en nuestra sociedad, consideramos que la memoria nos ayuda a iluminar el presente y a generar el futuro en la vida de los pueblos. Es necesario que como integrantes de la sociedad, todos y todas, asumamos el compromiso de trabajar en forma permanente contra el olvido, así como también contra todas las formas de falsificación o negación de lo que nos ocurrió en el pasado.
Que la memoria nos permita construir, desde la crítica y la reflexión, una sociedad más justa, democrática y tolerante, respetuosa de las diferencias políticas y culturales y de los derechos de los y las ciudadanos/as.
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